Rioboo no asume sus responsabilidades políticas pese a aprobarse en el pleno la moción del Partido Popular para que retire de inmediato sus competencias a Figueroa

• El TSXG confirma la nulidad de la sanción impuesta por Figueroa al jefe de Obras en 2022 por ser “injusta, desproporcionada y contraria a derecho”
• Los populares advierten que este fallo se suma a otras dos condenas por incumplir el derecho a la conciliación familiar y laboral
• Izaskun García, portavoz del PP: “Esto es un abuso de poder continuado y consciente que perjudica a Culleredo”

El Grupo Municipal del Partido Popular de Culleredo logró aprobar ayer en el pleno una moción para que el alcalde, José Ramón Rioboo, retire de forma inmediata todas las competencias a la concejala de Personal, Marta Figueroa, y reestructure su departamento. Sin embargo, Rioboo mantiene a Figueroa en el cargo, eludiendo así asumir responsabilidades políticas.

El TSXG ha confirmado recientemente la nulidad de la sanción impuesta en 2022 por Figueroa al jefe del Servicio de Obras, calificándola como “injusta, desproporcionada y contraria a derecho”. El fallo rechaza el recurso presentado por el Concello y refuerza la denuncia del PP sobre irregularidades reiteradas en la gestión del área de Personal del gobierno local. 
Los populares aseguran que “la concejala vulnera derechos fundamentales de los trabajadores del Concello”, ya que esta sentencia se suma a otras dos condenas anteriores por vulnerar el derecho a la conciliación familiar y laboral de otras dos trabajadoras y a varias demandas judiciales por el incumplimiento de la actualización de niveles retributivos.

La portavoz del PP, Izaskun García, considera que el caso de la sanción de Figueroa al jefe de Obras –por el que el pleno ya reprobó a la concejala en 2023– no es un “error administrativo aislado”, sino una muestra más de “un abuso de poder continuado y consciente” que ha tenido consecuencias graves para el Concello: perjuicio económico por costas judiciales, indemnizaciones y pago de abogados, paralización de proyectos y licencias en el área de Urbanismo, además de un serio daño reputacional.

La moción del PP –que contó con los votos a favor del BNG, mientras que el PSOE la rechazó y Alternativa dos Veciños se abstuvo– exige también a Rioboo una auditoría independiente del área de Personal, un plan de choque en Urbanismo para desbloquear expedientes y reforzar el personal técnico, y la publicación en el portal de transparencia de todos los costes judiciales y económicos de este procedimiento. Izaskun García advierte también que el alcalde es “el máximo responsable” por mantener en el cargo a una concejala reprobada y desacreditada por los tribunales.