El Partido Popular de Oleiros considera necesario realizar un análisis riguroso sobre la aplicación de los criterios de protección del paisaje y de las vistas en el municipio por parte del gobierno local presidido por Ángel García Seoane.

La portavoz del Grupo Municipal Popular, Loli Silva, señala que “la preservación del paisaje es un objetivo legítimo y compartido, especialmente en un municipio como Oleiros, cuyo valor ambiental y visual es uno de sus principales activos. Pero precisamente por eso, los criterios deben ser claros, homogéneos y aplicarse por igual en todo el término municipal”.

Desde el Partido Popular se recuerda que existen edificaciones que fueron autorizadas y cuya implantación tiene una incidencia directa en elementos paisajísticos relevantes. Es el caso del hotel Noa Boutique, cuya volumetría le quita visibilidad al Castillo de Santa Cruz y resta luz al núcleo urbano de Santa Cruz, alterando la percepción visual de uno de los enclaves más emblemáticos del municipio.

También el denominado Edificio Copigal, situado junto al Puente del Pasaje, cuya ubicación genera un impacto visual en ese entorno estratégico -cuya licencia para la construcción fue otorgada por el propio ayuntamiento de Oleiros-  y que, además, condiciona actualmente cualquier posible ampliación o mejora estructural del propio puente.

“En estos casos no se consideró que existiera una afección paisajística incompatible con la protección del entorno”, apunta Loli Silva.

Sin embargo, en otras actuaciones el criterio paisajístico ha sido determinante para impedir o revertir edificaciones. Así ocurrió con la demolición de tres chalés en la zona de Bastiagueiro, al entenderse que afectaban a las vistas y no resultaban consonantes con el paisaje. Asimismo, el edificio de varias plantas en Mera, cuya licencia fue concedida en el pasado conforme al marco normativo vigente en ese momento, es hoy señalado como una construcción que “estorba” por razones paisajísticas y de integración en la entrada de la localidad.

La portavoz popular subraya que “resulta llamativo que una edificación ajustada a licencia pueda ser cuestionada años después por motivos visuales, mientras que otras actuaciones de notable incidencia no fueron consideradas problemáticas en su momento”.

Para la representante del Partido Popular, la cuestión no es debatir caso por caso, sino garantizar que exista una metodología objetiva y uniforme para evaluar el impacto visual y paisajístico de cualquier proyecto. “La seguridad jurídica y la confianza de los vecinos exigen que las reglas sean iguales para todos y que la protección del paisaje no dependa de interpretaciones variables”, concluye Loli Silva.