Cumpliendo con lo prometido en agosto, los populares solicitaron este pleno extraordinario para exigir responsabilidades y explicaciones por las “innumerables irregularidades presupuestarias cometidas por este gobierno durante el 2023”.

• “Es necesario y urgente acabar con este tipo de prácticas arbitrarias y que suponen un perjuicio claro para los intereses de todos los vecinos de Culleredo”
• El abuso que desde el gobierno municipal se hace el contrato menor es “un perjuicio gravísimo que se nos hace a todos, porque supone pagar más por servicios de peor calidad”.

Hoy se celebró en Culleredo el pleno extraordinario solicitado por el Partido Popular para que el alcalde José Ramón Rioboo y su gobierno diesen explicaciones “por la desastrosa gestión de gastos que llevaron a cabo en 2023, año electoral”.

En una intervención clara y contundente, la líder y portavoz popular, Izaskun García Gorostizu, enumeró la “vergonzosa lista de irregularidades cometidas por este gobierno incapaz y negligente, que ha llevado a Culleredo a una situación límite, con niveles de licitación de obras a la cola de Galicia y con empresarios y autónomos esperando más de un año el pago de sus facturas”.

Precisamente esto último, la tramitación irregular de facturas durante 2023, fue lo que llevó a los populares a solicitar este pleno extraordinario para depurar responsabilidades por “lo que consideramos una auténtica falta de control del gasto público por parte del alcalde Rioboo y de sus concejales. Han manejado los fondos públicos con total falta de planificación y transparencia, saltándose los procedimientos a la torera, sin respeto alguno por los vecinos y sin querer rendir cuentas ante la oposición”, acusa la líder popular.

Durante el pleno Rioboo intentó “escudarse en el cambio de criterio de la intervención municipal a lo largo del 2023 para justificar su propia incompetencia. Algo que nos resulta sonrojante, porque son varios los informes de distintos interventores que señalan la falta de control y gestión del gasto, la falta de personal, de planificación del control interno, del abuso del contrato menor frente al contrato abierto. Un auténtico desastre”, señala García Gorostizu.

“Tenemos la obligación legal y moral de fiscalizar la labor del gobierno de Rioboo. Así como Rioboo y su gobierno tienen la obligación legal y moral de dar cuentas de sus actos ante el pleno y ante los vecinos”, insiste la portavoz popular. Algo que parece molestar de forma especial a la concejala reprobada Marta Iglesias, que en su intervención señaló “que saturamos a los funcionarios pidiendo tanto informe, que pedimos por pedir. Ese es el respeto que nos tiene la señora Iglesias, que se molesta porque nosotros sí estamos haciendo nuestro trabajo”, insisten desde el Partido Popular.

Los populares lograron el apoyo de todos los grupos de la oposición para “llevar al consello de contas las irregularidades expuestas en este pleno, para que proceda y, si tiene a bien, realizar cuantas actuaciones de fiscalización e investigación consideren oportunas”.

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